El ministro de Comunicaciones de Sudáfrica negó las acusaciones de que un proyecto de ley que suaviza los requisitos de propiedad de personas negras en las empresas tecnológicas se propusiera para beneficiar al negocio Starlink del multimillonario sudafricano Elon Musk.

Según la legislación sudafricana, las empresas de propiedad extranjera deben vender el 30% de sus filiales a accionistas negros o de otros grupos raciales desfavorecidos bajo el antiguo sistema de apartheid, dominado por la minoría blanca, para obtener una licencia.

Sin embargo, el ministro de Comunicaciones, Solly Malatsi, propuso el viernes flexibilizar el requisito, lo que generó críticas de varios partidos políticos. El cambio propuesto permitiría a Starlink y a otras empresas cumplir con sus requisitos de empoderamiento mediante medidas como la inversión en desarrollo de habilidades y programas de empleo, y la firma de acuerdos con proveedores locales.

El ministro presentó la directiva días después de que el presidente sudafricano, Cyril Ramaphosa, se reuniera con el presidente estadounidense, Donald Trump, en la Casa Blanca. Trump hizo afirmaciones infundadas de que los agricultores sudafricanos blancos estaban siendo asesinados sistemáticamente, lo que causó gran controversia.

Khusela Diko, legisladora de alto rango del Congreso Nacional Africano, cuestionó el momento oportuno de la directiva y si el país estaba haciendo todo lo posible para acomodar el negocio de telecomunicaciones satelitales Starlink de Musk.

La Asociación de Comunicaciones y Tecnología (ACT), un organismo del sector, afirmó que los cambios propuestos podrían marcar el comienzo de una nueva era para la industria, siempre que se implementen de forma coherente, justa y abierta.

“Abogamos por enfoques más inteligentes y escalables que generen un impacto significativo y restablezcan la claridad, la coherencia y la confianza de los inversores en las políticas”, declaró la ACT en un comunicado.

El martes, Malatsi, miembro del partido Alianza Democrática, compareció ante el Parlamento en Ciudad del Cabo para defender la medida y negó las insinuaciones de que se hubiera introducido específicamente para Starlink.