Grupos rebeldes en Colombia utilizan aplicaciones como Facebook y TikTok para reclutar a niños y jóvenes, y las empresas de redes sociales deben esforzarse más por moderar el contenido, según Naciones Unidas.

El principal funcionario de derechos humanos de la ONU en Colombia, Scott Campbell, en una entrevista con The Associated Press, afirmó que se necesita más inversión tanto en herramientas automatizadas como en moderadores humanos para eliminar los videos publicados por pandillas y grupos rebeldes que atacan a jóvenes de comunidades marginadas.

Grupos rebeldes colombianos como las FARC-EMC publican cada vez más videos que exaltan la vida en sus filas e instan a los jóvenes a alistarse.

“Estas empresas no están destinando suficientes recursos a la moderación de contenido en línea en el sur global”, afirmó Campbell, calificando a Colombia de un ejemplo de la “grave” amenaza que puede representar para los niños y las comunidades indígenas. Añadió que las empresas toman más medidas en el norte global, donde sienten la mayor presión política.

Campbell, quien anteriormente se desempeñó como especialista en derechos humanos y tecnología en la oficina de la ONU en Ginebra, afirmó haberse reunido recientemente con representantes de Meta, propietaria de Facebook, para analizar cómo se puede impedir que grupos rebeldes y pandillas utilicen las plataformas de la compañía para reclutar jóvenes.

Añadió que la compañía se comprometió a trabajar en el problema y que también está buscando reunirse con representantes de TikTok.

En un correo electrónico, un portavoz de TikTok indicó que la compañía ha desarrollado directrices comunitarias que incluyen la prohibición de organizaciones de odio o violentas en su plataforma. La compañía indicó que, si detecta que estas organizaciones utilizan su plataforma, o si los usuarios que contactan con su centro de ayuda detectan cuentas sospechosas, las revisará y las eliminará. TikTok también indicó que ha estado trabajando estrechamente con la policía colombiana y con el ejército para identificar y cerrar las cuentas que incumplen las directrices comunitarias.