El fiscal general de Florida, James Uthmeier, anunció este martes en Tampa el inicio de una investigación penal contra la empresa tecnológica OpenAI. La indagatoria busca determinar si existe responsabilidad corporativa en relación con un tiroteo ocurrido el año pasado en la Universidad Estatal de Florida, debido a que el presunto agresor habría utilizado el sistema ChatGPT para planificar el evento violento.
De acuerdo con los registros analizados por la fiscalía, el sospechoso, identificado como Phenix Ikner, realizó consultas específicas al chatbot sobre la logística del ataque. Las interacciones incluyeron preguntas sobre el tipo de arma y municiones a emplear, la distancia efectiva para el ataque, los horarios de mayor afluencia de estudiantes en el campus y las zonas específicas de concentración de personas en el sindicato estudiantil de Tallahassee.
OpenAI informó que ha compartido con las autoridades la información de la cuenta vinculada al sospechoso y aseguró que mantiene una postura de colaboración. La compañía defendió su tecnología señalando que el sistema respondió con datos disponibles en fuentes públicas y que el chatbot no promovió acciones ilegales. Asimismo, la empresa destacó que implementa medidas constantes para detectar riesgos y limitar usos indebidos de su herramienta de uso general.
Este proceso ocurre en un marco de intensa actividad legislativa en el estado. El Senado de Florida ha impulsado la denominada “Carta de Derechos de la Inteligencia Artificial”, un proyecto que busca establecer lineamientos sobre transparencia y protección de datos, especialmente para grupos vulnerables. Mientras tanto, a nivel federal, el debate sobre la regulación continúa ante la proliferación de iniciativas estatales que buscan mitigar posibles abusos mediante el uso de herramientas digitales en este 2026.
El ataque original, ocurrido en abril de 2025, resultó en dos personas fallecidas y seis lesionadas. El proceso judicial contra Ikner sigue su curso en los tribunales, mientras la fiscalía evalúa ahora el alcance legal de la participación de la Inteligencia Artificial en la preparación del crimen.
