Abogados han presentado casos falsos generados por inteligencia artificial en procedimientos judiciales en Inglaterra, según declaró una jueza, advirtiendo que podrían ser procesados ​​si no verifican la precisión de su investigación.

La jueza del Tribunal Superior, Victoria Sharp, afirmó que el uso indebido de la IA tiene «graves implicaciones para la administración de justicia y la confianza pública en el sistema judicial».

En el último ejemplo de cómo los sistemas judiciales de todo el mundo lidian con la creciente presencia de la inteligencia artificial en los tribunales, Sharp y su colega, el juez Jeremy Johnson, reprendieron a los abogados en dos casos recientes en un fallo emitido el viernes.

Se les solicitó que dictaran sentencia después de que jueces de tribunales inferiores expresaran su preocupación por el «presunto uso por parte de abogados de herramientas de inteligencia artificial generativa para producir argumentos legales escritos o declaraciones de testigos que luego no se verifican», lo que ha llevado a la presentación de información falsa ante el tribunal.

En un fallo emitido por Sharp, los jueces declararon que, en una demanda de 90 millones de libras (120 millones de dólares) por el presunto incumplimiento de un acuerdo de financiación que involucraba al Banco Nacional de Qatar, un abogado citó 18 casos inexistentes.

El cliente en el caso, Hamad Al-Haroun, se disculpó por engañar involuntariamente al tribunal con información falsa generada por herramientas de IA disponibles públicamente y se declaró responsable, no su abogado, Abid Hussain.

Sin embargo, Sharp afirmó que era «extraordinario que el abogado confiara en el cliente para la precisión de su investigación jurídica, y no al revés».

En el otro incidente, un abogado citó cinco casos falsos en una demanda de vivienda de un inquilino contra el municipio londinense de Haringey. La abogada Sarah Forey negó haber utilizado IA, pero Sharp afirmó que «no había proporcionado al tribunal una explicación coherente de lo sucedido».

Los jueces remitieron a los abogados de ambos casos a sus reguladores profesionales, pero no tomaron medidas más contundentes.