Google acordó pagar 28 millones de dólares para resolver una demanda colectiva que alegaba haber favorecido a empleados blancos y asiáticos al pagarles más y facilitarles una carrera profesional más competitiva que a otros trabajadores.
El acuerdo con Google, una unidad de Alphabet, obtuvo la aprobación preliminar la semana pasada del juez Charles Adams, del Tribunal Superior del Condado de Santa Clara, California.
Adams calificó el acuerdo como justo, razonable y un «buen resultado para el grupo» de al menos 6632 empleados de Google en California entre el 15 de febrero de 2018 y el 31 de diciembre de 2024.
La portavoz de Google, Courtenay Mencini, confirmó el acuerdo el martes, pero declaró: «Seguimos en desacuerdo con las acusaciones de que tratamos a alguien de forma diferente y mantenemos nuestro compromiso de pagar, contratar y nivelar a todos los empleados de forma justa».
La demanda fue presentada por Ana Cantú, quien se identifica como mexicana e indígena, en representación de los empleados hispanos, latinos, indígenas, nativos americanos, indígenas americanos, nativos hawaianos, isleños del Pacífico y nativos de Alaska de Google.
Cantú afirmó haber realizado un trabajo ejemplar durante siete años en los departamentos de operaciones de personal y de la nube de Google, pero que se mantuvo en el mismo nivel laboral mientras sus compañeros blancos y asiáticos recibían salarios adicionales y ascensos.
Cantú afirmó que la empresa, con sede en Mountain View, California, asignaba a los empleados blancos y asiáticos a «niveles» laborales superiores a los de otros empleados, incluso para el mismo trabajo, y les negaba aumentos y ascensos a quienes se quejaron.
Cantú afirmó que las acciones de Google violaban la Ley de Igualdad Salarial de California. Dejó Google en septiembre de 2021.
Adams afirmó que el acuerdo se produjo después de que los abogados de Cantú acordaran este mes excluir a los empleados negros de la demanda colectiva propuesta, algo que Google había solicitado.
El producto neto del acuerdo asciende a 20,4 millones de dólares, después de deducir 7 millones de dólares en concepto de honorarios legales, sanciones vinculadas al reclamo de Cantu en virtud de la Ley de Fiscales Generales Privados de California (abre en nueva pestaña) y otros costos.
