El acceso de adolescentes a redes sociales se encuentra bajo revisión en distintos países, donde gobiernos analizan elevar la edad mínima para utilizar estas plataformas y exigir mecanismos más estrictos de verificación de edad.
El debate cobró fuerza después de que Meta, empresa propietaria de Facebook e Instagram, acordara pagar hasta 16 mil 680 millones de dólares para resolver demandas presentadas por varios estados de Estados Unidos. Las autoridades acusaron a la compañía de diseñar sus plataformas para generar adicción entre menores y de minimizar los riesgos asociados con su uso.
Australia fue uno de los primeros países en establecer restricciones importantes. En noviembre de 2024 aprobó una legislación que limita el acceso a las redes sociales para menores de 16 años y contempla sanciones económicas para las plataformas que incumplan las disposiciones.
La medida comenzó a replicarse en otros países. Indonesia prohibió en marzo de este año el acceso de menores de 16 años a plataformas como TikTok, Facebook, Instagram, Threads, X, Roblox y YouTube, mientras que Malasia estableció en junio una restricción similar y obligó a las empresas a implementar sistemas para comprobar la edad de sus usuarios.
En Europa no existe actualmente un límite único para el acceso a las redes sociales. Sin embargo, varios gobiernos preparan reformas para aumentar las restricciones y establecer controles que dificulten que los menores de cierta edad puedan abrir cuentas.
En España, por ejemplo, la edad mínima para registrarse en redes sociales es actualmente de 14 años, pero el Gobierno busca elevarla a 16. El proyecto de Ley de Protección de Menores en Entornos Digitales también contempla exigir sistemas efectivos de verificación de edad a las empresas tecnológicas.
La propuesta española incluye además modificaciones al Código Penal para endurecer las consecuencias relacionadas con contenidos sexuales falsificados mediante inteligencia artificial y contempla el engaño en línea de menores, conocido como grooming, como agravante en determinados delitos contra la libertad sexual.
Francia también ha intentado avanzar en esta dirección. En enero aprobó un proyecto para restringir el acceso a menores de 15 años, aunque el Consejo Constitucional anuló recientemente el principal artículo de la iniciativa. El Gobierno francés pretende presentar una nueva propuesta con miras a su aprobación en 2027.
Mientras tanto, Grecia y Dinamarca estudian establecer los 15 años como límite, mientras Eslovenia y Finlandia ya preparan modificaciones legislativas para restringir el acceso a menores de esa edad.
Otros países han planteado límites diferentes. Portugal analiza establecer la mayoría de edad digital en 16 años y permitir el acceso entre los 13 y 16 únicamente con autorización de los padres. Austria estudia prohibir el acceso a menores de 14 años y Noruega prepara una regulación para establecer el límite en 16.
El debate también permanece abierto en Italia, Chipre, Eslovaquia, Irlanda, Polonia y Países Bajos, con propuestas que buscan reforzar la protección de los adolescentes frente a los riesgos asociados con las plataformas digitales.
La discusión sobre la edad para utilizar redes sociales no se limita al continente europeo. Nueva Zelanda también ha anunciado su intención de impedir el acceso a menores de 16 años.
En Estados Unidos, mientras tanto, distintas iniciativas impulsadas en estados como Texas, Nueva York y Florida buscan establecer restricciones para menores, aunque estas propuestas no representan una prohibición aplicable en todo el territorio estadounidense.
El avance de estas iniciativas muestra un cambio en la relación entre gobiernos y plataformas digitales. La discusión ya no se centra únicamente en qué edad deben tener los usuarios para abrir una cuenta, sino también en cómo las empresas deben comprobarla y qué responsabilidad tienen frente a los efectos que sus servicios pueden generar entre los menores.
La protección de menores en internet se perfila así como uno de los principales temas de regulación tecnológica, mientras distintos gobiernos buscan encontrar un equilibrio entre el acceso a las plataformas y la necesidad de reducir los riesgos para niños y adolescentes.
