El ministro de Inteligencia Artificial de Canadá, Evan Solomon, manifestó su preocupación por los informes que revelan la interacción de la autora de la masacre de Tumbler Ridge con el chatbot ChatGPT; el funcionario señaló que las conversaciones previas al ataque generan cuestionamientos sobre la manera en que OpenAI detectó y respondió ante las alertas relacionadas con posibles actos de violencia.

Una investigación periodística publicada por la revista Mother Jones señaló que la atacante, identificada como Jesse Van Rootselaar, habría logrado evadir los filtros de seguridad del sistema después de que una primera cuenta fuera cancelada; según el reporte, la plataforma habría respondido a consultas sobre escenarios violentos cuando estos se planteaban como situaciones hipotéticas o ficticias.

De acuerdo con la investigación, el sistema rechazó inicialmente una solicitud relacionada con un tiroteo con escopeta dentro de un espacio educativo; sin embargo, el chatbot habría proporcionado información detallada después de que la usuaria reformulara la consulta e incluyera la palabra “hipotéticamente”.

Ante estas revelaciones, la fiscal general de Columbia Británica, Niki Sharma, calificó el caso como preocupante y pidió establecer una regulación obligatoria para las plataformas tecnológicas; además, respaldó las acciones legales emprendidas contra OpenAI.

El gobierno de Columbia Británica demandó a OpenAI y a su director ejecutivo, Sam Altman, por presuntas omisiones relacionadas con el manejo de conversaciones consideradas de riesgo; las autoridades buscan que una eventual indemnización sea destinada a la construcción de un nuevo colegio en la zona, luego de la demolición de la escuela donde ocurrió el ataque.

De manera paralela, víctimas y familiares de las personas fallecidas presentaron 37 demandas contra la compañía en California; los demandantes acusan a OpenAI de haber comercializado un producto defectuoso y de no contar con medidas de seguridad suficientes para prevenir posibles daños.

Por su parte, los abogados de OpenAI solicitaron la desestimación de los procesos iniciados en Estados Unidos y argumentaron que Canadá sería el foro adecuado para resolver el litigio; mientras tanto, las autoridades canadienses mantienen las revisiones con representantes de las empresas tecnológicas para analizar y reforzar los protocolos de seguridad relacionados con la inteligencia artificial.